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Arquitectura institucional para la defensa holística: el financiamiento de la dignidad

De la abogacía individual a la política pública: el rol de la unidad de servicios sociales

La implementación masiva de la DH no es viable sin una reingeniería institucional que reconozca los servicios sociales como un componente esencial de la administración de justicia. El desafío es convencer a los poderes legislativos y ejecutivos de que financiar la dignidad es más costo-efectivo que financiar la reclusión.

Financiamiento basado en la eficiencia: el argumento fiscal

El principal argumento para la reforma institucional debe ser fiscal y económico. El costo de la reincidencia (nuevos arrestos, juicios y encarcelamiento) supera con creces el costo de la prevención holística.

  • Costo-efectividad del Case Management: Demostrar que el costo de un PMR supervisado (incluyendo tratamiento y soporte) es una fracción del costo diario de la reclusión carcelaria. La inversión en equipos holísticos genera un retorno social medible en reducción de reincidencia y ahorro penitenciario.

  • Fondos para la USC: ICELAS aboga por la creación de un fondo permanente para las Unidades de Servicios Sociales Cautelares (USC), con la capacidad de contratar trabajadores sociales y terapeutas, segregando estos servicios del presupuesto judicial tradicional y anclándolos a la Defensoría Pública.

Gobernanza y colaboración intersectorial

La DH no puede operar en un vacío legal. Requiere una reforma que obligue a la colaboración entre el sistema penal y el sector social (salud, vivienda, trabajo).

  • Protocolos de derivación obligatoria: Crear protocolos que obliguen al fiscal a considerar la derivación a Tribunales Terapéuticos o Programas de Justicia Restaurativa en casos de delitos ligados a adicciones o trauma.

  • Ley de acceso a servicios: Promulgar leyes que prohíban la discriminación en el acceso a la vivienda pública o el empleo basada únicamente en antecedentes penales no condenatorios (o por el mero hecho de haber estado en PP), garantizando que la sentencia de absolución o el cumplimiento de la pena sean una verdadera borrón y cuenta nueva.

La Defensa Holística es la materialización de un Estado Social de Derecho en la arena penal, garantizando que el sistema de justicia no solo castigue los hechos, sino que repare el tejido social que lleva a la exclusión.

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