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La agenda de la desescalada y la infraestructura alternativa
Del monitoreo pasivo al Case Management Activo: La construcción de un sistema de supervisión racional
Superar el encarcelamiento masivo requiere una ingeniería institucional que sustituya la dependencia de la cárcel por un sistema robusto y creíble de supervisión comunitaria.
El fin del monitoreo pasivo y la necesidad de la intervención social
Las alternativas a la prisión en LATAM (ej. arresto domiciliario, prohibición de acercamiento) suelen ser monitoreo pasivo, que solo espera el incumplimiento. La reforma exige la adopción del monitoreo activo o case management.
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Modelos de supervisión cautelar (USC): La clave es la creación de Unidades de Supervisión Cautelar (USC) autónomas. Estas unidades deben diseñar Planes de Manejo de Riesgo (PMR) individualizados para imputados o condenados con penas alternativas. El PMR no solo implica una tobillera electrónica, sino también citas obligatorias con trabajadores sociales, acceso a programas de desintoxicación y tutoría laboral. Esto convierte la supervisión en una herramienta de reinserción social activa.
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La experiencia de EE. UU. (Pretrial services): Los sistemas avanzados de Pretrial Services en EE. UU. demuestran que, con una inversión adecuada, la inmensa mayoría de los acusados pueden ser liberados sin riesgo, siempre y cuando exista un monitoreo sistemático y la aplicación de los Algoritmos de Riesgo (RA) para identificar objetivamente a los de bajo riesgo.
Desjudicialización y la racionalidad en delitos de baja lesividad
La vía más rápida para desescalar el encarcelamiento es redefinir el rol del derecho penal en delitos menores.
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Despenalización por criterio de oportunidad: Se debe expandir la aplicación del criterio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento (SCP) para delitos que no involucran violencia grave. Esto es especialmente crucial en la Ley de Drogas, donde el foco debe moverse del eslabón más débil de la cadena al crimen organizado.
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Justicia terapéutica y restaurativa: Implementar Tribunales de Drogas (Drug Courts) y programas de Justicia Terapéutica que deriven a los infractores primarios con problemas de adicción fuera del sistema penal punitivo y hacia el tratamiento. La Justicia Restaurativa, centrada en la reparación material y simbólica del daño a la víctima, debe ser la regla en delitos contra la propiedad de baja cuantía.

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