El desafío socio-penal: la trampa de la carcelocracia

El fenómeno del encarcelamiento masivo (mass incarceration) no es solo un problema de hacinamiento carcelario, sino la manifestación de una política criminal fallida que utiliza la cárcel como la única, y a menudo ineficaz, respuesta a la desigualdad social. Inspirados en la crítica de Michel Foucault (Vigilar y Castigar), entendemos que la prisión se ha convertido en una tecnología de control social enfocada en las poblaciones más vulnerables.

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La crisis se agrava en América Latina por dos factores: el abuso de la prisión preventiva (donde los acusados son castigados antes de la condena, en violación al principio de inocencia) y la desproporcionalidad de las penas por delitos menores (especialmente en la 'guerra contra las drogas'), afectando principalmente a mujeres, jóvenes y personas en situación de pobreza. La prisión, de hecho, exacerba la reincidencia en lugar de prevenirla.

Nuestra respuesta: del punitivismo a la racionalidad jurídica

ICELAS impulsa un programa de Justicia Proporcional basado en el análisis de datos y el derecho comparado para reorientar la política criminal:

Regulación del uso de la prisión preventiva :

• Desarrollamos modelos de evaluación de riesgo basados en evidencia (risk assessment) para asegurar que la prisión preventiva solo se aplique como última ratio y no como regla general.

• Referencia Clave: Abogamos por la aplicación rigurosa del Principio de Necesidad y Proporcionalidad establecido en la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, limitando la prisión a los casos donde exista un riesgo real e inminente de fuga o afectación al proceso.

Expansión de alternativas a la prisión:

• Promovemos el diseño e implementación de penas alternativas eficaces que integren la justicia restaurativa, el servicio comunitario y programas de rehabilitación especializados.

• Desjudicialización: Fomentamos la despenalización o la aplicación de criterios de oportunidad para delitos de baja lesividad, especialmente aquellos relacionados con la posesión de drogas en contextos de pobreza, aplicando un enfoque de salud pública en lugar de uno meramente punitivo.

• Referencia Clave: Colaboramos con centros internacionales para modelar políticas que han demostrado reducir la población carcelaria sin comprometer la seguridad pública (ej. reformas penales en países europeos o en estados específicos de EE. UU.).

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Reforma de sentencias y reducción de penas:

• Impulsamos reformas legislativas para revisar las sentencias mínimas obligatorias (mandatory minimum sentences) que eliminan la discreción judicial y fuerzan penas desproporcionadas.

• Trabajamos en el desarrollo de políticas de libertad condicional y excarcelación temprana que prioricen la reinserción social y evalúen la readaptación del individuo sobre el mero cumplimiento del tiempo.