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El diagnóstico estructural del punitivismo
La Carcelocracia como mecanismo neoliberal de control social: Una crítica al exceso punitivo y la selectividad del sistema
El fenómeno del encarcelamiento masivo (mass incarceration) en América Latina no es un mero problema de ineficiencia judicial o hacinamiento; es una patología estructural del modelo de justicia criminal. Siguiendo la tradición de la criminología crítica y la Teoría de la Justicia Penal Neoliberal (Wacquant, Garland), la prisión masiva opera como una herramienta estatal de gestión de la precariedad económica y la desigualdad social, enfocada en la contención de los "excedentes" del sistema económico.
La transformación de la pena: de la rehabilitación al risk management
La pena ha mutado su función declarada. La idea de rehabilitación (propósito tradicional de la pena) ha sido sustituida por el manejo del riesgo (risk management).
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Punitividad Actuarial: Los sistemas penales modernos se centran en la identificación y neutralización de individuos o grupos percibidos como fuentes de peligro futuro. El uso de la Prisión Preventiva (PP), especialmente bajo causales subjetivas como el "peligro para la sociedad" (ej. Art. 140 c, CPP chileno), es la manifestación más clara de esta lógica: castigar a la persona por lo que podría hacer, no por lo que ha probado hacer.
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Selectividad y Encarcelamiento Etnoracial: La alta tasa de encarcelamiento de comunidades afrodescendientes e indígenas en países como Brasil, Colombia y Perú evidencia que el sistema no es ciego, sino altamente selectivo. La Policía y los fiscales actúan sobre perfiles de sospecha racial y socioeconómica, una práctica denominada racial profiling en el derecho comparado. La selectividad del sistema es el mecanismo por el cual la desigualdad se transforma en encarcelamiento desproporcionado.
La falacia del populismo punitivo como política pública
El auge del hiper-punitivismo es impulsado por una política de la emoción que capitaliza el miedo al crimen para imponer reformas legislativas regresivas.
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Sentencias Mínimas Obligatorias (Mandatory Minimums): Estas leyes (prevalentes en la reforma de las leyes de drogas en la región) son un fallo de política pública porque externalizan la discrecionalidad del juez al legislador, eliminando la individualización de la pena. Esto choca con el principio de humanidad de la pena y el principio constitucional de culpabilidad. La evidencia empírica (Criminología Aplicada) demuestra que este tipo de leyes no tienen un efecto disuasorio significativo, pero sí saturan las cárceles con infractores de bajo nivel.
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El Costo Fiscal de la Ineficacia: La prisión masiva es económicamente regresiva. El costo fiscal de mantener a un individuo en prisión (costo de operación) es significativamente mayor que el costo de implementar alternativas de supervisión comunitaria o programas de rehabilitación. La decisión de construir más cárceles es, por ende, un juicio de valor ineficiente y políticamente motivado.
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