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La arquitectura de la prevención y el cambio cultural
El cambio paradigmático exige ir más allá de la reacción (exoneración) a la prevención estructural. Analizamos las reformas de política pública que, según el derecho comparado, son obligatorias para crear un sistema que asuma el error como un fallo de diseño.
Institucionalizar la autocrítica judicial
El fracaso de la prevención reside en que los sistemas de justicia no están diseñados para reconocer y corregir su propio error. La estabilidad de la cosa juzgada prima sobre la justicia material.
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Las Unidades de Integridad de Condenas (CIUs): Inspirados en el modelo de Fiscalías en EE. UU. (ej. Dallas, Houston), la creación de unidades especializadas dentro del Ministerio Público que auditen proactivamente condenas antiguas es un cambio cultural y legal esencial. Esto obliga a la agencia persecutora a asumir su "deber continuo de buscar la verdad", incluso después de la sentencia.
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Reforma al Recurso de Revisión: La jurisprudencia latinoamericana debe flexibilizar las causales de revisión, permitiendo que la "prueba científica novedosa" o la "ruptura de la cadena de custodia" sean per se un fundamento para reabrir el caso, superando la estricta limitación a la aparición de nuevos testigos.
Estandarización y desmantelamiento del sesgo operacional
Para eliminar el error humano, las políticas públicas deben imponer estándares de procedimiento que eviten la subjetividad y el sesgo.
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Mandato de Grabación: El Estado debe establecer por ley la grabación audiovisual obligatoria de todo interrogatorio policial y judicial a un sospechoso. Esto se convierte en la mejor garantía de que la evidencia crítica del proceso no fue coaccionada, blindando el juicio contra la impugnación futura.
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Protocolos de Identificación Doble Ciego: La implementación de protocolos validados científicamente para las ruedas de reconocimiento elimina la sugestión y el sesgo del oficial a cargo. Esta medida, recomendada por expertos, es una obligación de diligencia debida para cualquier Estado que se tome en serio el derecho al debido proceso.
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